jueves, 27 de diciembre de 2018

Plan de acción de la UE contra la desinformación

La Unión Europea ha decidido elevar hasta cinco millones de euros su presupuesto destinado para luchar contra la desinformación, como denomina acertadamente a las fake news, noticias falsas e información averiada de generosa circulación en redes. Aunque el volumen económico se haya triplicado en escasos meses, el modestísimo presupuesto y su orientación, sobre todo localizar artículos de medios y webs sospechosos de favorecer al Gobierno ruso, enmarcan el problema y las soluciones propuestas en una dimensión concreta, modesta, lejos de la gran amenaza existencial para la UE y sus países miembros como a menudo se presenta.
¿Amenaza existencial? Aquí algunos ejemplos:
  • En palabras de la alta representante y vicepresidenta Federica Mogherini, "la salud de la democracia depende de que haya un debate abierto, libre y justo. Tenemos el deber de proteger este espacio y no permitir que nadie siembre el odio, la división y la desconfianza en la democracia. Como Unión Europea, hemos decidido actuar juntos y reforzar nuestra respuesta para impulsar nuestros principios y mejorar la capacidad de resistencia de nuestras sociedades, tanto dentro de nuestras fronteras como en los países vecinos. Es la manera europea de responder ante uno de los grandes desafíos de nuestra época".
  • Para Andrus Ansip, vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, "debemos estar juntos y aunar fuerzas para proteger nuestras democracias frente a la desinformación. Hemos observado tentativas de interferir en las elecciones y referéndums, y las pruebas apuntan a Rusia como principal fuente de esas campañas. Para hacer frente a estas amenazas, proponemos mejorar la coordinación con los Estados miembros a través de un sistema de alerta rápida, reforzar nuestros equipos dedicados a desenmascarar la desinformación, aumentar el apoyo a los medios de comunicación y los investigadores e instar a las plataformas online a cumplir sus compromisos. Luchar contra la desinformación requiere un esfuerzo colectivo".

Una novedad es que ya se habla directamente de Rusia como emisor de desinformación, sin complejos ni precauciones, sin aportar pruebas y descartando por tanto otros orígenes o intereses no políticos (mucha de la basura informativa en circulación busca generar tráfico e ingresos económicos).
En cualquier caso, cinco millones de euros como respuesta a uno de los grandes desafíos de nuestra época no parece costoso. Sin embargo, es mucho más lo que la UE plantea relacionado con la desinformación (aquí artículos de este mismo blog sobre el asunto), que se ha ido enfocando hacia las plataformas tecnológicas por donde circulan los contenidos; ahí se percibe la capacidad de actuación de la Unión, sus competencias y focaliza su ambición.
Descartada la censura que rondaría el control de contenidos, la UE se centra en el canal; conscientes de que incidir en la calidad del agua es una tarea de medio y largo plazo, regulemos hoy el grifo.
Como culminación a un año 2018 muy activo, el pasado 5 de diciembre se presentó el llamado Plan de Acción contra la Desinformación, que los responsables comunitarios ligan a las próximas elecciones de mayo de 2019 como gancho de actualidad.
A la parte más directamente relacionada con la información la UE lo llama "Mejora de la detección", pues se centra en detectar ejemplos de mercancía informativa de calidad discutible aparentemente a favor de intereses rusos, con lo que se elabora un boletín electrónico semanal;  con algo de generosidad se puede enmarcar estos trabajos bajo la etiqueta de comunicación estratégica.
Los otros tres grandes ámbitos del Plan son, por una parte, una Respuesta coordinada: se creará un sistema específico de alerta rápida entre las instituciones de la UE y los Estados miembros para facilitar el intercambio de datos y la evaluación de las campañas de desinformación y para emitir en tiempo real alertas de amenazas de desinformación. Además, las instituciones de la UE y los Estados miembros se centrarán en una comunicación proactiva y objetiva sobre los valores y políticas de la Unión, afirman.
Plataformas e industria online: movilizar al sector privado, dice la UE, cuya traducción es que las plataformas digitales a las que se obligó en septiembre a firmar un código de buenas prácticas (Facebook, Google, Twitter y Mozilla) "deberán aplicar rápida y eficazmente los compromisos contraídos al firmarlo y centrarse en medidas urgentes de cara a las elecciones europeas de 2019". Esto incluye, en particular, "garantizar la transparencia de la publicidad política, intensificar los esfuerzos por cerrar las cuentas falsas, identificar todas las interacciones no humanas (mensajes difundidos automáticamente por 'bots') y cooperar con verificadores de datos e investigadores universitarios para detectar campañas de desinformación y hacer que los contenidos verificados sean más visibles y gocen de mayor difusión".
Sensibilización y empoderamiento: junto a campañas de información específicas, las instituciones de la UE y los Estados miembros fomentarán la alfabetización mediática a través de programas especializados. Se apoyarán equipos nacionales multidisciplinares compuestos por verificadores de datos e investigadores independientes que detecten y desenmascaren las campañas de desinformación en todas las redes sociales.
De cara a las elecciones europeas, el sistema de alerta rápida se introducirá a más tardar en marzo de 2019, medida que se completará reforzando los recursos correspondientes.
Como máximo a finales de 2018, se dijo a comienzos de diciembre, los signatarios del código de buenas prácticas deberán presentar a la Comisión el primer informe sobre su aplicación, que la Comisión publicará en enero de 2019. Entre enero y mayo, las plataformas online deberán informar mensualmente a la Comisión. La Comisión también evaluará exhaustivamente los 12 primeros meses de aplicación del código. "Si su aplicación y sus efectos resultaran insatisfactorios, la Comisión podrá proponer nuevas medidas, incluso de carácter reglamentario".
La UE acecha aparentemente a las plataformas digitales, en un momento en el que se debate a nivel europeo y nacional la implantación de algún tipo de impuesto tecnológico; cuando la actualidad pone también sobre la mesa excesos cometidos a costa de la privacidad de los datos personales de los internautas; cuando se está produciendo una lucha empresarial directamente por la supervivencia entre plataformas digitales y medios de comunicación convencionales (editores de noticias); se mezcla interesadamente información con ciberamenazas y ciberdelitos; y se añade a lo anterior como ingrediente también la desinformación, elemento que no es único ni mayoritario ni explica por si solo el proceso en marcha.

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martes, 11 de diciembre de 2018

Estadísticas conflictivas sobre seguridad y defensa

Artículo publicado también en infoLibre.
El mundo de la seguridad, defensa, Fuerzas Armadas, tiene una relación conflictiva con la realidad, se trata de personas que viven profesionalmente del conflicto, para enfrentarlo, evitarlo o provocarlo, y como es natural lo detectan por todos sitios porque es su objetivo. Por ejemplo, el campo de las predicciones suele estar trufado de previsiones catastrofistas precisamente porque muchos de los que se dedican a predecir el futuro son financiados o trabajan directamente en seguridad y perciben un porvenir inseguro, por deformación profesional y por la cuenta que les trae.
En cualquier caso, que el mundo de la seguridad tenga una relación conflictiva con la realidad es una paradoja que aparece cuando uno se pone a escribir sobre otro tema, relacionado pero distinto, que es su relación conflictiva con las estadísticas.
En algún momento indeterminado de este otoño de 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- principal organismo demoscópico español, independientemente de quién ocupe su presidencia, ha publicado en su web el estudio identificado con el número 3.188 y el nombre "La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas".
El momento ha podido ser en octubre, quizá noviembre, en cualquier caso sin publicidad, nota de prensa ni promoción alguna, de una encuesta que tuvo su trabajo de campo en septiembre de 2017. En éste y otros casos la conexión entre los trabajos académicos o científicos y la clandestinidad no suele ser habitual.
Aunque tiene su explicación: esta encuesta la elabora el CIS por encargo del Ministerio de Defensa cada dos años, ya van doce ediciones, es decir, que se viene realizando desde finales de los noventa con un mismo cuestionario, 2.500 entrevistas personales, en 255 municipios y 50 provincias del país. No existe otro estudio similar.
Resulta que hará unos años, tiempos de Pedro Morenés de ministro, coincidiendo con la crisis y la desconfianza del ciudadano hacia quienes les dejaron a la intemperie, al Ministerio de Defensa le empezaron a no gustar las respuestas de los españoles a sus preguntas y dejó de difundir su encuesta o a tardar años en acompañarla con sus propios comentarios.
El motivo del desencuentro afecta principalmente a los campos relacionados con la financiación de la defensa y el gasto militar; y también las cuestiones emparentadas con la identidad nacional concretada en símbolos como la bandera, el himno, la sangre derramada; también las respuestas referidas a los valores más apreciados por la ciudadanía en la profesión militar y la propia valoración de los ejércitos.
Se podría decir que en algunos aspectos no coincide la opinión pública con los referentes simbólicos de las Fuerzas Armadas, lo que está lejos de ser un problema, si bien aconsejaría a los responsables militares y a los civiles de quienes dependen los primeros a replantearse el contenido de su comunicación externa, la interna si funciona puede seguir repitiendo conceptos del siglo XIX.
El CIS está obligado a publicar sus encuestas como máximo un año después de elaborarlas y por eso conocemos esta última.
Tomemos entonces tres capítulos: uno simbólico, otro profesional y un tercero financiero. Cabe interpretar que el propio cuestionario en sí merecería una valoración, colocando a las Fuerzas Armadas como garantes de las esencias más allá de su función como instrumento de seguridad del Estado.
Entrando en los datos, apartado simbólico, el 77% de los encuestados se siente muy o bastante orgulloso de ser español, el 54% se emociona al ver la bandera española en un acto o ceremonia, y el 57% al escuchar el himno nacional. Una cuarta parte de los españoles siente una intensa emoción por estos asuntos y otra cuarta parte siente indiferencia, pero se puede concluir que los niveles de nacionalismo español son muy aceptables, sobre todo en contraste con la impresión general en circulación, aquella que dice que entre la indiferencia general España se va yendo por el desagüe, girando en círculos que por supuesto son hacia la derecha como sucede en el hemisferio norte, en el sur el desastre suele llegar girando hacia la izquierda (comentario no basado en el CIS, sino en la teoría de Coriolis, que habla de fluidos, no de ideologías, con una reputación algo homeopática).
En relación con las amenazas, la encuesta pregunta de forma abstracta, dejando aparte la familia (¿por qué la dejan aparte, con lo cerca que la tenemos?) si el encuestado considera que haya algo por lo que arriesgar o dar la vida, y 46% responde que no, el 45% que sí.
Ésta es una de las respuestas que no gustan, tampoco que entre quienes se jugarían la vida la mayoría no lo haría por la patria (47% no, 44% sí), aunque mayoritariamente sí la arriesgarían por salvar la vida a otra persona (93%), la paz (84%) o la libertad (82%).
En el caso de que España fuera atacada militarmente el encuestado no se presentaría voluntario. Esto es como preguntar por intención de voto sin elecciones convocadas, el encuestado no acaba de entrar en situación, si bien de la encuesta se puede deducir un fuerte sentimiento pacifista entre la población española, que considera la respuesta militar como un ámbito profesional que tiene esa misión, y que no se percibe una amenaza militar existencial que aterrorice al país.
Entre las principales amenazas que pueden afectar a la seguridad de España, Defensa y el CIS incluyen los flujos migratorios irregulares (significativo su presencia), aunque los españoles priorizan y colocan en puestos de cabeza el terrorismo, la inestabilidad económico y financiera, y los ciberataques.
En el apartado profesional, el valor más importante que los españoles opinan que debe tener un militar es... la preparación técnica, muy por encima de la honradez, la disciplina, lealtad, el espíritu de sacrificio, la capacidad de mandar u obedecer que trufan los discursos.
El 70% de los españoles creen que las Fuerzas Armadas están muy o bastante capacitadas profesionalmente (y mejorando), dos tercios tienen una opinión buena o muy buena de las Fuerzas Armadas (se ha recuperado desde el 55% en 2013), y que los ejércitos seguirán siendo necesarios para mantener la paz, la seguridad y la defensa.
En el capítulo de respuestas incómodas, la opinión generalizada no cree que el volumen de tropas sea insuficiente; y únicamente el 17% de los españoles piensa que el presupuesto destinado a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas sea escaso, aunque algo ha subido desde el 13% de 2015.
Sobre el origen de las amenazas militares, la mayoría de los españoles pues no cree que ningún país esté pensando en atacarnos (46%), y entre los que sospechan que sí (41%) responden con vaguedades como países islámicos, que curiosamente distinguen de países árabes, aparecen como amenazantes para quienes se sienten amenazados la categoría países de Asia, también lógicamente países donde haya islamistas radicales; y entre países concretos, que son quienes suelen lanzar ataques militares, pues el encuestado menciona a Marruecos, Siria (?) y a poca distancia a Estados Unidos (estos países son mencionados por un centenar de personas de entre las 2.500 encuestadas).
Más de 60 preguntas podrían hacer la relación interminable. Finalicemos con que los españoles se reparten a partes iguales entre los que defienden la actual situación de las Fuerzas Armadas a las órdenes del Gobierno nacional y los que las integrarían en un ejército europeo o multinacional, circunstancia ésta internacionalista que ampara el acento presente y reciente que encuadra mucho de lo que se hace militarmente bajo el paraguas de una Defensa europea aún inexistente.
Si las encuestas buscan ser un fiel reflejo o aproximado a la realidad social, y no gustan las respuestas, el mundo militar y civil de defensa no tendría un problema con las estadísticas, sino con la sociedad o la comunidad política a la que deben defender.
Continúa abierta la disyuntiva de tratar de cambiar las percepciones sociales con información y debate, labor siempre complicada y de largo plazo, o adaptar los instrumentos que el Estado financia para la seguridad a los ciudadanos y circunstancias del país. Las dos opciones parecen compatibles. Lo claramente descartable es no informar y además que las Fuerzas Armadas/Defensa ignoren al ciudadano al que protegen.

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