sábado, 24 de noviembre de 2018

Derechos no tripulados

La transformación tanto de la percepción misma de la seguridad como de los instrumentos que los Estados emplean para garantizarla, especialmente el militar, puede tener efectos directos e indirectos sobre la vulneración de los derechos fundamentales del ciudadano, en dirección contraria a los tímidos avances registrados a comienzos de siglo como reacción a la invasión de Irak.
La grave fractura política producida tanto en la comunidad internacional como en el interior de cada país a partir de aquella llamada guerra preventiva comenzada en 2003, cuyos efectos desestabilizadores continúan en la actualidad,  se intentó contrarrestar con una mayor legalidad y legitimidad de las intervenciones militares, tendencia hoy interrumpida.
Las causas del retroceso hay que buscarlas en las modificaciones sufridas durante la última década en cinco grandes ámbitos, que se traducen en un menor control social y político sobre las intervenciones militares.
En el marco de la geopolítica se observa la fragmentación de la gobernanza mundial, la crisis de las organizaciones internacionales sustituidas por alianzas entre amigos, la crisis del multilateralismo, la vuelta de la soberanía y el proteccionismo nacional, donde la presidencia de Donald Trump es un efecto y un agente.
En segundo lugar, ciñéndonos al ámbito español, las Fuerzas Armadas nunca han participado en mayor número de operaciones en el exterior y nunca ha tenido esa presencia menor repercusión social ni menor reflejo parlamentario, el espacio de la rendición de cuentas y de las explicaciones políticas y económicas.
Otros dos factores estrictamente militares han cambiado la forma de intervenir en escenarios ajenos al territorio nacional. Por una parte, la reducción del tamaño de los contingentes en el exterior, con uso intensivo de unidades de operaciones especiales e inteligencia, y en algunos casos con la tarea de formar a ejércitos locales. Un segundo condicionante militar es la tecnificación de la guerra, la utilización masiva del arma aérea y el recurso creciente a drones y sistemas no tripulados que alejan, en distancia y responsabilidad, atacante y objetivo.
Finalmente un quinto factor a tener en cuenta sería la militarización de fenómenos hasta no hace mucho ajenos al mundo uniformado, desde la seguridad interior a la inmigración, desde la información a las redes sociales. El traspaso del ámbito civil al militar suele ir ligado a situaciones de emergencia -reales o inducidas- y una restricción de derechos fruto de la excepcionalidad que justifica a su vez los instrumentos utilizados.
La opinión pública y sus parlamentos se pueden estar alejando de la actuación de los ejércitos, tanto en conflictos armados como en las antes llamadas operaciones de paz, y esa lejanía no ampara la vulneración de derechos fundamentales -desde el derecho a la vida al de información-, pero garantiza la inmunidad de sus responsables si se produce.
Los sistemas aéreos no tripulados, popularizados como drones, no están descontrolados, se pilotan desde tierra, mientras se avanza hacia la próxima fase en la que podrían tener capacidad de decisión autónoma sin participación humana más allá de la programación del sistema. Un peligro similar al de los derechos, asistimos a un escenario donde habitan por un lado personas y por otro los derechos que iban asociados a ellas y ahora parecen desligados en aras de una seguridad que separa lo que teóricamente debía garantizar, el libre ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.

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Extracto de la ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre Seguridad Global y Derechos Fundamentales, celebrado en la Universidad de Valencia -Facultad de Derecho- los días 19 y 20 de septiembre de 2018 (publicación en imprenta).
El autor forma parte del equipo de trabajo del proyecto de investigación Seguridad Global y Derechos Fundamentales.

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