lunes, 19 de enero de 2015

Nueva cruzada antiterrorista: Rajoy moviliza al Gobierno y al PP

En un ambiente en el que Europa se plantea endurecer las medidas contra el terrorismo, Gobierno y Partido Popular recuperan el discurso de la seguridad nacional y la amenaza al Estado de derecho y las libertades. Rajoy repesca una ley integral de seguridad que descartó en 2014

Carlos Penedo. Artículo publicado originalmente en Estrella Digital.
Unidad Especial de Intervención UEI de la Guardia
Civil, desplegada esta semana en Madrid.
Sorpresa en el Consejo de Ministros de este viernes: el Gobierno "ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, que pretende adecuar el sistema actual a los nuevos riesgos y amenazas para los ciudadanos. Asimismo, la norma contempla actualizar las estructuras existentes para fortalecer la prevención y respuesta antes situaciones de crisis", dice la nota de Moncloa.
El momento elegido se sitúa a nueve días de los atentados de París contra la publicación Charlie Hebdo y un supermercado de comida judía, con el resultado de 17 muertos, que ha abierto una nueva fase de iniciativas en toda Europa contra el terrorismo. "Francia está en guerra contra el yihadismo", ha declarado el primer ministro francés en los últimos días, mensaje donde el ministro español de Defensa, Pedro Morenés, ha ido incluso un paso más allá: "Occidente está en guerra contra el terrorismo".
El proyecto legislativo que el Gobierno de Rajoy pretende impulsar ahora es un compromiso recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en julio de 2013, que daba seis meses al Ejecutivo para presentar un anteproyecto, plazo que se cumplió hace justamente un año, en enero de 2014.
En verano de 2014 la ley no era una prioridad
En el verano de 2014, cuando el Gobierno presentó el primer balance anual de seguridad nacional, la elaboración de una Ley Orgánica de Seguridad Nacional no se descartaba, aunque no se consideraba una prioridad política, debido a las dificultadas encontradas de coordinación y competencias entre los distintos ministerios afectados, principalmente Defensa, Interior, Presidencia, también Exteriores.
A este respecto, criticado por los grupos parlamentarios de la oposición sobre el retraso, el director del gabinete del presidente, Jorge Moragas, declaraba en el Congreso el pasado mes de julio que "se sigue trabajando en el texto y nuestra voluntad es sacarla, llevarla adelante; no le voy a decir que es urgente pero sí es importante, y nuestra voluntad es que ese texto pueda presentarse antes de terminar la legislatura".
Tras meses con la ley aparentemente abandonada, el Gobierno recupera la idea con un calendario complicado, teniendo en cuenta que una Ley Orgánica requiere un amplio apoyo parlamentario, y por tanto negociación entre el Gobierno y los partidos políticos de la oposición; que el proyecto se va a enviar al Consejo de Estado para el preceptivo informe, que el año 2015 está plagado de citas electorales que pueden trastocar la fecha de las elecciones generales y el acortamiento de la vida parlamentaria en el Congreso.
A favor de tramitar ahora una Ley Orgánica de Seguridad Nacional juegan factores como la psicosis antiterrorista generada a partir de los atentados de París y el ofrecimiento de colaboración por parte del Partido Socialista al presidente Rajoy en materia de seguridad que podría facilitar el trámite.
El largo proceso político y parlamentario complica la tramitación de la ley
Lo que no fue tratado ni se dijo una palabra tras el Consejo de Ministros del pasado viernes fue el proyecto del Gobierno de presentar una estrategia contra la radicalización violenta en España, iniciativa reiterada por los responsables del Ministerio del Interior durante todo 2014 y que aún no ve la luz, aunque se interpreta como inminente. A lo anterior se suma las reformas del Código Penal que el Gobierno quiere aprobar en las próximas semanas para endurecer aspectos como el "adoctrinamiento pasivo" a través de internet y las redes sociales, así como dificultar o penalizar el viaje desde España hacia zonas de conflicto.
Las comunicaciones de los sospechosos de terrorismo, físicas pero sobre todo virtuales, se presentan como la principal prioridad de las autoridades policiales en materia de seguridad en la actual lucha contra el yihadismo.
En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró el pasado martes que el Gobierno renunciará a su propuesta de aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin orden judicial si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes. "Si el CGPJ considera que no tiene pleno encaje constitucional le puedo asegurar que renunciamos a esa iniciativa.
El Gobierno vuelve a aplazar el anunciado plan contra la radicalización
"Ni el Ministerio de Interior ni el de Justicia tenemos intención de seguir adelante, promover o imponer una iniciativa que tenga la más mínima duda de su adecuado encaje constitucional", ha añadido.
Según dijo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual ya prevé que el ministro del Interior pueda intervenir las comunicaciones solo por supuestos terroristas durante 72 horas antes de comunicárselo a un juez. "Otra cosa es que cuando se aprobó esa Ley el smartphone no existía y hay que adecuar esa situación a la nueva realidad", ha apostillado.
La misma prioridad digital ha aparecido en el encuentro de este viernes entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico. Obama y Cameron han aprovechado su reunión para hablar de las "ciberamenazas", que catalogan como uno de los desafíos "más graves" para la economía y la seguridad nacional. Así, han pactado mejorar la infraestructura de lucha contra los ataques informáticos, reforzar la cooperación y apoyar la investigación. Entre las iniciativas concretas acordadas destacan una especie de maniobras militares virtuales y la creación de una "cibercélula conjunta" en la que participarán las agencias de seguridad de los dos países.
Finalmente, en relación con una nueva Ley Orgánica de Seguridad Nacional en España, queda por ver cómo afecta el texto a la vigente Ley Orgánica de la Defensa Nacional aprobada en 2005, así como a la legislación de Interior sobre estos temas.
Tras el Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno informó de que "​la nueva norma responde a la demanda compartida de mejorar la coordinación y resolver los problemas que plantea una actuación compartimentada frente a los riesgos y amenazas de carácter transversal propios de nuestros días. Así, con esta Ley Orgánica, el Estado potencia sus capacidades para responder a desafíos de índole muy diversa --por ejemplo, ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera--, pero con el denominador común de golpear los cimientos del Estado de Derecho y poner en riesgo la libertad y el bienestar de los ciudadanos".
El anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional, se añade, "busca facilitar la detección y valoración de riesgos y amenazas, la agilización del proceso de toma de decisiones y la coordinación de la respuesta en situaciones de alteración de la normalidad".
Nueva figura: situación de interés para la Seguridad Nacional
Una importante novedad del anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional es la regulación de la situación de interés para la Seguridad Nacional, "que viene a rellenar el vacío normativo existente entre las crisis más graves, contempladas en la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, del 1 de junio de 1981, y aquellas otras que se afrontan con los medios y recursos habituales". La nueva situación de interés para la Seguridad Nacional se declara por el presidente de Gobierno y se caracteriza por su gravedad potencial, la dimensión o transversalidad de las medidas precisas para su resolución. En ningún caso supondrá la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas, circunstancia que destacó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior.
En esta norma, dice Moncloa, "se formaliza también el Comité de Situación, un comité especializado en gestión de crisis que opera como órgano colegiado de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional. Su implantación busca favorecer la rapidez y la flexibilidad en la respuesta a las situaciones de crisis".
En las últimas grandes crisis de seguridad vividas en España recientemente -coronación, ébola, yihadismo- no se ha reunido con carácter excepcional ni el Consejo de Seguridad Nacional ni otro foro contemplado por la normativa vigente, a pesar de que el Ministerio del Interior ha elevado en el último semestre en tres ocasiones el nivel de alerta terrorista.

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