martes, 16 de enero de 2018

Comisiones de la verdad, versión española

Artículo de opinión publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho.
Retirada de la estatua ecuestre de Franco que presidió hasta 2006
la entrada de la Academia General Militar de Zaragoza (EFE).
En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.
Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.
Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.
Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia.
"Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo", define el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ITCJ-, organización internacional especializada en la justicia en periodos de transición.
En síntesis, este tipo de comisiones tienen iniciativa pública, no sustituyen a la justicia penal, ponen el foco en las víctimas y en las violaciones de los derechos humanos, y suelen recopilar un gran volumen de datos, con miles de víctimas, y a menudo durante un periodo de tiempo muy amplio que puede contemplar décadas. Entre sus objetivos figuran afrontar la impunidad y obtener una imagen más o menos clara de sucesos violentos que permanecen en disputa o son negados, proteger y reconocer a las víctimas y supervivientes, proponer políticas y promover cambios también sociales.
Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, y recogido entre sus compromisos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue creada en Colombia por un decreto presidencial en abril de 2017, un mecanismo entre otros -como la búsqueda de desaparecidos-, contempla un periodo de seis meses para entrar en funcionamiento y tres años de mandato que culminarán con la elaboración de un informe final.
"Satisfacer de manera oportuna los derechos de las víctimas", insiste el decreto de creación, además de "garantizar el derecho a la verdad como un pilar fundamental para la consolidación de la paz".
Entre los objetivos se mencionan "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido", "el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país" y "promover la convivencia en los territorios y la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia".
"La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado".
En noviembre de 2017 el Comité de Escogencia ha seleccionado a los 11 integrantes de la Comisión, que incluye religiosos -la preside un sacerdote jesuita-, periodistas, sociólogos y militares entre sus perfiles.
Estas comisiones dan voz y protagonismo a las víctimas de la represión y audiencia que en algunos casos se produce en la televisión pública en horario de máximo impacto, como está ocurriendo actualmente en Túnez.
El Gobierno tunecino creó la llamada Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), en diciembre de 2014, con las funciones de identificar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos durante los régimenes de Habib Burguiba (1957-1987) y Zine el Abidine ben Alí (1987-2011).
La comisión cuenta con activistas pro derechos humanos, opositores a Ben Alí, jueces, abogados, y representantes de colectivos de víctimas de la represión.
También se trata de un mecanismo entre otros, como la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción; y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos hacia el final de la dictadura.
Creada en 2013, la Instancia tunecina ha recopilado más de 62.000 denuncias presentados por víctimas de todo tipo de abusos, y realizado más de 48.000 audiencias.
Cartel de la película de Álex de la Iglesia "Balada triste
de trompeta" (2010), comedia negra que se desarrolla
en parte en el mausoleo del Valle de los Caídos.
Unos años anterior a las dos mencionadas es la comisión de la verdad creada en Marruecos en los primeros años de reinado de Mohamed VI para investigar nada menos que los denominados "años de plomo" del reinado de su padre Hasán II, llamada Instancia Equidad y Reconciliación. Fue instaurada en enero de 2004 y entregó un informe final al rey en diciembre de 2005 con el balance de unos trabajos desarrollados con el objetivo de arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos entre 1956 y 1999, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y proponer reformas.
Como resultados más directos, la comisión marroquí consiguió determinar las circunstancias de la muerte de alrededor de 800 víctimas (desaparecidos forzosos), se abrieron 17.000 investigaciones individuales y se indemnizó a más de 10.000 víctimas.
Una peculiaridad de la comisión marroquí fue que contempló la reparación comunitaria, la represión de ciertas regiones y comunidades (por ejemplo el Rif y grupos de víctimas como las mujeres), para lo que recomendó programas de desarrollo socioeconómico y cultural.
Las organizaciones de derechos humanos de Marruecos se preocupan desde entonces en seguir el cumplimiento de aquel informe final de una comisión que cuenta con una web algo congelada en cuatro idiomas, entre ellos el español.
Tres casos diferentes los de Colombia, Túnez y Marruecos: el final de una guerra civil, la caída de un dictador, la reinvención de una monarquía autoritaria.
"Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo", nos dice el ITCJ.
La reconciliación no es una consecuencia directa de este tipo de comisiones de la verdad, aunque ayudan a crear un nuevo clima político y a recuperar la dignidad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
En España no se celebró en el paso de la dictadura a la democracia iniciativa comparable a las tres comisiones de la verdad reseñadas.
La equidistancia, hoy convertida en un insulto en el marco de la crisis independentista en Cataluña, fue una marca de fábrica de la transición política española, en lo referido al franquismo y sus delitos, o al abandono de sus víctimas aún mal enterradas por millares en cunetas y barrancos.
Lo más parecido vivido en España a una comisión de la verdad, por su contenido y objetivos, es la llamada ley de la memoria histórica que acaba de cumplir diez años desde su entrada en vigor tras la publicación en el BOE de 27 de diciembre de 2007, con el largo nombre de Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; la ley recibió el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU-ICV, CiU y PNV) salvo PP y ERC; los partidos ya emergidos entonces no existían.
Además de contribuir a generar un debate público, son indudables los logros de una ley en cuyo articulado se incluye el fomento de la memoria democrática, proclama el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia por motivos políticos o ideológicos durante la guerra civil y la dictadura posterior; se declara la ilegitimidad de sus tribunales, sanciones y condenas; se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas (orfandad, años de cárcel); se concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados y los miembros de las Brigadas Internacionales; la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados...
Capítulo especial y polémico mereció la retirada de más de medio millar de símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura (más de 400 de instalaciones militares o dependientes del Ministerio de Defensa).
Entre las críticas hay que mencionar la moderación de la ley en cuestión de fosas comunes (anima  a las administraciones públicas a que faciliten a los interesados su localización, y se hizo un mapa) y una serie de recomendaciones en relación con el mausoleo del Valle de los Caídos sin resultado una década después.
Monumento con las huellas del dictador Franco
retirado en 2010 del Monte Hacho en Ceuta.
Todas estas iniciativas fueron recogidas en una página web, de la que han desaparecido los enlaces desde los organismos públicos aunque sigue viva en el ciberespacio, también congelada, porque el actual gobierno del Partido Popular se ha dedicado a congelar su aplicación y hasta el presidente Rajoy ha llegado a presumir de no destinar un euro a su cumplimiento, caso sólo similar a la Ley de Dependencia y nunca equiparable a la pedagogía pública necesaria con la Ley General Tributaria, por poner un ejemplo.
La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue un ejercicio positivo con un exceso de prudencia que como ocurre a menudo no es reconocido ni por los propios porque se queda corta ni por los extraños a quienes cualquier paso les parece excesivo. Lo peculiar de este asunto es la distinción entre propios y extraños en la defensa de la democracia.
Los últimos coletazos parlamentarios sobre esta Ley han sido la aprobación en el Congreso, con ánimo reformista, de una proposición no de ley promovida en septiembre por el Grupo Socialista y de una proposición de ley el pasado noviembre impulsada por el PDCat.
Se habla últimamente con frecuencia de brechas generacionales, que haberlas haylas, aunque en este y otros casos (violencia machista) se puede interpretar también que las sociedades evolucionan y hacen inadmisible lo que se aceptaba hasta ese momento.
En el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 aún existen iniciativas que pretenden impulsar una comisión de la verdad en España sobre los crímenes del franquismo (aquí, enlace la Plataforma que agrupa a muchas de ellas, y aquí un post publicado al respecto). Independientemente de su recorrido, sería positivo en cualquier caso en el corto plazo la aplicación completa de la Ley de memoria histórica, reformada o no; y podría ser aconsejable que el Gobierno español se implicara con su apoyo material y político en procesos de transición como los mencionados, aprovechando el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.
En su mensaje navideño el rey Felipe VI animaba a recuperar el protagonismo internacional de España, de donde se deduce que lo tuvo y se ha perdido.
Como ocurre cuando se estudia una lengua extranjera, que te ayuda a conocer mejor la propia, la implicación española en procesos de carpetazo a la violencia en Colombia, Túnez, Marruecos u otros lugares apoyaría a los ciudadanos de esos países y al tiempo aumentaría la sensibilización de nuestros responsables políticos hacia las víctimas nacionales de un pasado que se resiste a abandonarnos.

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miércoles, 3 de enero de 2018

Periodistas autónomos sin autonomía

Ilustración tomada de la revista Periodistas, número de
febrero de 2017, editada por la FAPE.
El año 2017 ha transcurrido marcado en muchos aspectos por la comunicación: por las supuestas noticias falsas y, según nos quieren hacer creer, la guerra que hoy se desarrolla a golpe de tuit (bienvenida incluso en el caso de que existiera, recientemente escucho que Japón movilizó a 200.000 esclavas sexuales coreanas en la segunda guerra mundial, ésas son las cosas que pasan en las guerras de verdad), redes que emplean con generosidad los protagonistas de las dos mayores potencias nucleares, que acompañaron a Trump a la Casa Blanca y a Putin camino de su enésima reelección; en tierras cercanas, el desafío independentista en Cataluña ha sido pura comunicación, ni sus actores se acaban de creer que pueda ser una realidad cercana, todo un montaje mediático del que habría mucho que aprender.
En los tres casos se trata de utilizar las dinámicas de las redes sociales para la circulación de información, normalmente al margen de los medios de comunicación tradicionales.
Y el final del año tiene una cita de interés en este campo que es la difusión por parte de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha conseguido sobrevivir al cierre de su servicio médico, del Informe de la Profesión Periodística, radiografía anual del gremio en todo el país.
Una primera conclusión del informe: los autónomos siguen creciendo en la profesión en su momento de mayor precariedad laboral, por tanto, periodistas autónomos nada autónomos, que recuerda a aquello de la abundancia de independentistas con escasa independencia, abundancia de constitucionalistas con la Constitución algo oxidada o contra la que se pronunciaron incluso en sus años mozos o gobiernos autoritarios en tiempos de escasa soberanía real. Sobreactuaciones.
Por tanto, creciente número de periodistas que trabajan en régimen de autónomos, la cuarta parte al menos de la profesión, en muchos casos forzados por las circunstancias (80%) y siempre teniendo en cuenta que una parte de ellos, uno de cada cinco, son falsos autónomos (trabajan para un único cliente o incluso están en sus dependencias).
Casi la mitad de los periodistas autónomos cobra menos de 1.000 euros al mes, con lo que aquel mileurismo que en tiempos de ZP era una condena hoy se ha convertido en una aspiración.
Con sentido de la actualidad, este Informe 2017 pone el foco en la situación de la mujer, con resultados que refuerzan anteriores estudios: la profesión está muy feminizada, mayoría de dos tercios entre estudiantes de la cosa, se iguala el número en ejercicio laboral y vuelven los dos tercios a favor de la mujer en el paro; y de media cobran menos porque hay más mujeres que hombres en los niveles salariales más bajos. Sorprende en sentido contrario conocer que entre los profesionales de la comunicación que no trabajan en medios la igualdad es mayor y mayor la presencia de mujeres en puestos de gestión o directivos que en medios tradicionales.
Presentación del ‘Informe de la Profesión Periodística 2017’. 
En la imagen, de izq. a dcha.: Luis Palacio, Victoria Prego
y Nemesio Rodríguez. Foto: Pablo Vázquez / APM
Afortunadamente la APM y su informe han superado la ya pasada distinción radical entre periodista en medio y profesional de la comunicación en una empresa o institución, son dos ramas del mismo oficio -así lo piensa el 74% delos encuestados por la APM-, que en muchos casos se alterna en el ejercicio profesional y con distintas opciones de futuro en favor del segundo destino.
Principales problemas que destacamos quienes nos dedicamos a esto: paro, precariedad laboral y mala retribución. La combinación de la transformación digital más las reformas laborales han precarizado claramente la profesión, aunque no todo es negativo.
Los profesionales del periodismo continúan encontrando algunos aspectos positivos en el desarrollo de su trabajo. Si más de la mitad señalan que les resulta fácil acceder a las fuentes de información, aún son más los que afirman que ahora existen más medios para llegar a los usuarios y más posibilidades profesionales para los periodistas y que, gracias a la tecnología, se puede hacer mejor información. Están por debajo del 6% quienes sostienen no encontrar ningún aspecto positivo al ejercicio del periodismo hoy en día. Todo lo anterior prueba que la vocación te encuentra trabajando, no en sexto de Primaria.
"Poco a poco, el mercado laboral, la formación, las condiciones de trabajo... se van estabilizando, si bien es verdad que en unos niveles, por lo general, inferiores a los vigentes antes de la crisis", se puede leer.
Nada de lo apuntado sobre la salud de la profesión periodística es exclusivo, pero tiene peculiaridades.
Varias crisis han confluido en la profesión: la económica general, más la digitalización de la sociedad que ha fulminado el modelo de negocio tradicional de las empresas periodísticas (sin recambio en perspectiva, aunque en otras tierras los ingresos digitales son mayores) que ha traído a su vez nuevas formas de comunicación e información.
Con todo, nunca ha circulado y se ha consumido más información, por lo que la continuidad de la profesión está asegurada, adaptada al momento y buscando el equilibrio siempre inestable entre el ciudadano o el anunciante-financiador de la empresa como destinatario final de su labor.
La valoración que los periodistas realizan de los servicios prestados por las asociaciones sitúa en primer lugar la expedición de los carnés de prensa (identidad profesional), seguido por los pronunciamientos en favor de la profesión; y merecen un aprobado también los de formación, defensa jurídica y publicaciones, como ésta excelente de la APM, con sólo dos críticas.
El informe se elabora con datos estadísticos más una gran encuesta que se realiza entre periodistas miembros de alguna asociación, por tanto se queda fuera la opinión quizá diferente de muchos profesionales no colegiados.
En segundo lugar, este informe anual de la profesión sigue sin prestar atención a la figura del becario, que llena las redacciones acumulando una experiencia laboral inversamente proporcional a sus ingresos.
Como conclusión, el periodista barra profesional de la comunicación es cada vez más autónomo, lo que no le quita ni una sola de las numerosas dependencias que imponen el mercado de trabajo y las circunstancias; está más solo.

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martes, 26 de diciembre de 2017

Cartografía de amenazas

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
Exposición de las Operaciones Geométricas hechas por Orden del Rey;
Carlos Martínez y Claudio de la Vega, BNE, 1739-1743.
La Biblioteca Nacional ha organizado una espléndida exposición, abierta hasta finales de enero de 2018, bajo el título de "Cartografías de lo desconocido".
Todo en ella es atractivo: el edificio, la presentación novedosa de los fondos que en otra circunstancia duermen en los cajones, los textos que acompañan las piezas expuestas, los propios mapas que "tienen algo de pintura, algo de fotografía y algo de geometría; sirven para orientarse y a menudo para perderse".
Nada es lo que parece, se nos traslada en la exposición, porque tanta información ofrecen los mapas como la que ocultan, todo mapa enfatiza algunas cosas y esconde otras, y a menudo han inventado lo conocido y lo desconocido. Hay también un intento de apropiación cuando algo se representa, de tratar de imponer el lenguaje y controlar su contenido.
Con muy pequeño salto se puede afirmar que objetivos similares tienen las estrategias de seguridad, de tradición anglosajona, que son cada vez más frecuentes, cartografiar los riesgos y amenazas, representar en un papel las prioridades para nuestra seguridad, de las que lógicamente habría que derivar adquisiciones, capacidades y presupuestos para afrontar las anteriores, aunque no llegan ahí.
En este contexto se sitúa la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por el Gobierno Rajoy este mes de diciembre, un mapa del que cabría decir en primer lugar que sale bastante difuso, porque mucho se abarca y todo en una primera lectura resulta importante, no prioriza.
Por ejemplo, áreas geográficas: "las zonas que revisten especial interés para la Seguridad Nacional (mayúsculas con generosidad) son Europa, Norte de África y Oriente Medio (¿Próximo?), África subsahariana, América Latina, América del Norte y Asia-Pacífico. No son compartimentos estancos, y las amenazas y desafíos que presentan pueden transcender fácilmente dichos espacios". Es decir, que se observa todo el planeta excepto los círculos polares.
Si todo el contenido es relevante y nada destaca en exceso sobre el resto, la interpretación lleva a que lo que realmente se quiere destacar es la importancia de la seguridad, en abstracto, curiosamente una de las competencias, si no la primera, de las que forman el núcleo duro de los Gobiernos nacionales.
Otro acercamiento puede ser lo que sus redactores han destacado como novedoso o principal.
Dice Moncloa: "La Estrategia 2017 se abre con un capítulo dedicado a España donde se marca la solidez del modelo integral de seguridad en materias como la lucha contra el terrorismo y la gestión de flujos migratorios, la recuperación económica y la apuesta por un mayor liderazgo en el proceso de integración europea".
Asimismo "la Estrategia 2017 pone énfasis en la naturaleza híbrida de los conflictos actuales, entendida como la combinación de acciones que pueden incluir, junto al uso de métodos militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación de la información o elementos de presión económica".
África, parte de Los cuatro continentes; Adrian Collaert a partir
de Maarten de Vos, BNE, 1588-1589.
Ya aparecen en dos párrafos una serie de obsesiones del actual Gobierno: la manipulación de información, la recuperación económica aunque no venga a cuento, el liderazgo internacional autoproclamado; nada se dice sobre lo anterior en las vaporosas líneas de acción. También aparecen por el texto alusiones a las víctimas del terrorismo, un clásico popular.
Entre la retórica destacan los ciberataques y el terrorismo yihadista como principales amenazas.
"La Estrategia 2017 subraya, entre las amenazas y los desafíos identificados, el terrorismo internacional, las amenazas a las infraestructuras críticas y las amenazas y desafíos en los espacios comunes globales: ciberespacio, espacio marítimo y espacio aéreo y ultraterrestre". Esta dimensión ultraterrestre es la parte más poética del documento.
Son quince los ámbitos de la seguridad nacional para los que la Estrategia asigna un objetivo parcial y diseña las correspondientes líneas de actuación estratégica: "Defensa nacional; lucha contra el terrorismo; lucha contra el crimen organizado; no proliferación de armas de destrucción masiva; contrainteligencia; ciberseguridad; seguridad marítima; seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre; protección de las infraestructuras críticas; seguridad económica y financiera; seguridad energética; ordenación de flujos migratorios; protección ante emergencias y catástrofes; seguridad frente a pandemias y epidemias y preservación del medio ambiente".
Se echa en falta entre los ámbitos mencionados por la Estrategia la seguridad laboral (la de tener trabajo y en unas condiciones decentes) y la seguridad social, cuyo principal organismo tiene un agujero anual de 18.000 millones de euros, dos elementos que más allá de la broma están detrás del descrédito de las instituciones con las crisis de la última década, el ciudadano abandonado ante la adversidad.
Otro método de acercamiento a la Estrategia son detectar los factores coyunturales, cómo la actualidad aperece en su texto, que no son otros que Cataluña y la desinformación.
Resulta muy cuestionable incluir en un documento centrado en la seguridad menciones a "desafíos internos", "problemas de cohesión territorial", sobre todo porque no aparecen como objetivo en las actuaciones. Al menos ayudarán a datar el texto indiscutiblemente en el otoño de 2017, aunque estos ejercicios pretenden tener cierta proyección en el tiempo.
Planisferio celeste; Frederick de Wit, BNE, ca. 1688.
Como ya lo hizo el anterior documento de 2013, en 2017 la Estrategia vuelve a insistir en el sistema de seguridad nacional, la estructura administrativa creada para estos asuntos, que pide a gritos la existencia de un consejero de seguridad nacional, un responsable de peso político al frente del que hoy carece; y vuelve a quedar en la indefinición el denominado comité de situación, el órgano ejecutivo que no se ha reunido de forma extraordinaria ni una sola vez, ni ante los atentados en Cataluña del pasado agosto, los primeros con víctimas mortales por terrorismo yihadista en España desde 2004.
La Estrategia será presentada en el Congreso por el director del Gabinete de Rajoy -actualmente en relevo-, que no por el presidente, lo que indica la escasa voluntad pedagógica del Gobierno en estos asuntos aunque abunden las referencias a extender una cultura de la seguridad entre la ciudadanía y se repita mucho eso de la "política de Estado" que más parece ahuyentar la crítica que buscar el acuerdo.
Cualquier informe que analice el presente, indicios de futuro y escenarios posibles es atractivo. Resulta que por tradición y disposición de mayores recursos en muchas ocasiones este tipo de informes, con el apoyo de especialistas universitarios y think tanks afines, se realiza en el ámbito de la seguridad y la defensa, lo que implica una deformación natural por su financiador y destino; el futuro se presenta amenazante.
Existe la percepción de que vivimos tiempos confusos y de cambio acelerado.
Ante tales fenómenos el análisis estratégico y la prospectiva ayudan a sistematizar la información, a estimular la apertura mental y a generar conocimiento orientado a la toma de decisiones sobre asuntos públicos, según sostiene el analista Javier Jordán.
Bienvenido pues, independientemente del resultado, el ejercicio llamado ESN, pero que poco aclara.
La exposición de la Biblioteca Nacional se pregunta en un texto: "¿cómo gestionan los mapas la desinformación y el desconocimiento?". La respuesta, también en la pared, un par de salas más adelante, en forma de cita: "Un mapa es una ficción controlada". Como la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, que en menos de un mes caducará al menos en el nombre.

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martes, 19 de diciembre de 2017

Españoles por elección

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
Foto de El País, 18-9-2017, que ilustra reportaje
sobre españoles de origen extranjero.
En tiempos de competencia por el tamaño de la bandera, de sacralizar la nación, la identidad y el sentimiento, nos podemos plantear algunas preguntas.
¿Qué es ser español en 2017? ¿Cómo recuperar nuestro mejor pasado? ¿Qué deberíamos hacer porque lo que vemos no nos gusta? ¿Cómo imitar a otras nacionalidades con mayor renta por cabeza y un mástil con bandera en el jardín?
Pues nada de esto se encontrará en esta columna, ofrezco sociología, estadística, si no conocemos el escenario los comentarios serán siempre construcciones en el aire.
Pongamos frente a frente nuestros prejuicios y emociones contra el Instituto Nacional de Estadística.
El INE nos cuenta en una de sus últimas notas que 151.000 residentes extranjeros en España adquirieron la nacionalidad española en 2016.
La adquisición no ha sido pagando, sino por tiempo de residencia, que la normativa establece en diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, como criterio general, que se reduce a dos años en el caso de los nacionales de países iberoamericanos (incluye Brasil), Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.
La nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que consiguieron la nacionalidad española en 2016 fue la de Marruecos (37.000), seguida de una decena de países sudamericanos como Bolivia, Ecuador y Colombia (15.000 cada uno) y luego con cifras menores República Dominicana, Perú, Cuba, Argentina, Brasil y Paraguay.
Resulta curioso que 26.500 de la cifra total nacieron en España, en su inmensa mayoría niños menores de diez años.
Como apunte breve, nacer en España de padres extranjeros no otorga la nacionalidad en automático, hay que esperar al menos un año para hacer los papeles (en otros países allí donde apareces al mundo te dan el pasaporte).
Como es lógico, con el DNI en la mano, todos los anteriores desaparecen de las estadísticas de extranjeros, que a fecha de hoy son 4,5 millones, el 10% de la población, peso a la baja, aunque subirá en breve. Marruecos, Rumanía, Reino Unido, China e Italia encabezan las mayores comunidades extranjeras en España, donde se observa que los países iberoamericanos han desparecido de los primeros puestos.
Volviendo a los nacionalizados, ¿qué conclusiones podemos sacar?
Pues que estos compatriotas decidieron en su día venir a España probablemente buscando trabajo, han residido uno o dos lustros entre nosotros y han solicitado la nacionalidad voluntariamente, podrían haberse quedado con la de origen porque tienen su situación regularizada, en caso contrario no aparecerían en los censos. Es decir, que suman permanencia prolongada en el país y, más importante, la voluntad de ser españoles.
Podríamos afirmar que son españoles por elección, no por nacimiento.
Otra deducción de las cifras es que el apellido e incluso la religión ya no son en España indicadores automáticos de nacionalidad.
El asunto es oportuno por ejemplo para relativizar los análisis por nombres o por religión derivada del apellido que se han publicado a partir de las listas electorales para las autonómicas en Cataluña del 21-D.
La religión no es un país (gracias, lectora), y la presencia de candidatos de origen extranjero es cada vez más frecuente, en ningún caso representan aún su peso equivalente en la sociedad española, lo extraño ha sido su ausencia salvo casos aislados hasta muy recientemente.
Por tanto, la diversidad de la sociedad española es sociológica y estadística, además de cultural, ideológica, religiosa y deportiva.
Los 150.000 nuevos españoles de 2016 se suman a otros 114.000 en 2015, a 205.000 en 2014, a 225.000 en 2013, y aquí el INE corta la información por motivos desconocidos e incomprensibles.
Acudiendo a otras fuentes (Eurostat, que seguro que bebe del INE), la relación continúa con 94.000 extranjeros nacionalizados en 2012, a 114.000 en 2011, a 123.000 en 2010, fueron 79.000 en 2009, 84.000 en 2008, sumaron 71.000 en 2007 y 62.000 en 2006.
Con lo anterior podemos decir que millón y cuarto de personas han escogido en la última década ser españoles, voluntariamente, tenían otra nacionalidad, están dispersos por toda la geografía nacional y son indetectables con la prueba del carbono 14.
Estudios recientes sobre la segunda generación de inmigrantes..., error, la inmigración no se hereda, mejor decir que los hijos de inmigrantes presentan una integración generalizada en la sociedad, que se refleja en las bajas experiencias de discriminación y en los altos niveles de auto-identificación con el país que no diferencian a los hijos de inmigrantes nacidos en España de los hijos de españoles.
Con dos apreciaciones: menor nivel medio de renta; y, a pesar de un uniforme abandono de creencias religiosas, más dificultades para las personas de confesión o familia musulmana, que en casos de discriminación por estos motivos -siempre minoritaria- recibe dos nombres, aporofobia -rechazo al pobre, universal, nadie rechaza a un multimillonario cualquiera sea su origen- e islamofobia.
Millón y cuarto de personas, sólo en la última década, son españoles porque así lo han querido, no por el azar del lugar nacimiento, tan españoles como el nacido aquí que ata al perro con la bandera de España en la correa.
¿Pondrán estos nuevos compatriotas banderas en el balcón? No les hace falta.

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martes, 12 de diciembre de 2017

Artillero de la libertad

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
Así ha definido la ministra de Defensa, en reciente visita al periódico La Razón, a los medios de comunicación, a la prensa: artillería de la libertad.
Ya lo veo escrito en tarjetas de visita y estado de redes sociales, nada de consultor de comunicación, comunicólogo ni community manager: artillero de la libertad, a su servicio, y en primer tiempo de saludo.
Si eres ministro de Defensa del cielo te caen los clavos y las metáforas militares, lo que puede continuar, si no lo ha hecho ya, con expresiones como infantes de los derechos humanos, marines de la democracia, boinas verdes del progreso, legionarios de Cristo, bueno, legionarios de Cristo no ha funcionado bien..., fórmulas cambiantes dependiendo del auditorio, y mil variaciones entre especialidad militar y buena causa hasta llegar a los soldados del amor que cantaba Marta Sánchez a nuestras tropas en aquellos 90 en los que Irak destruyó Kuwait y EEUU comenzó la larga aniquilación de Irak en compañía de otros ("Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor...").
En los recopilatorios de citas la frase artillera referida se adjudica a Hans-Dietrich Genscher, ministro de Asuntos Exteriores de la RFA entre 1974 y 1992, dieciocho años nada menos con la cartera a cuestas; también se encuentra atribuida a Hans Christian Andersen, que comparte con el anterior el Hans. Si no está clara la autoría, no es de ninguno o no es oportuna.
El contenido de mayor interés en esa intervención de De Cospedal no fueron las citas sin autor, sino el anuncio algo inconcreto de crear un grupo de trabajo en el Congreso entre parlamentarios y responsables de medios de comunicación para abordar la "guerra de la información" y las "fake news" o noticias falsas, porque para la ministra este tipo de noticias constituyen "uno de los mayores retos para los sistemas de defensa de las democracias". Resumiendo, la ministra propone que otra institución analice una preocupación propia en una dirección que sólo puede ser de limitación de la libertad de expresión a poder ser del contrario.
Días más tarde concreta algo afirmando que el Ejército ya se prepara para el asunto: "La desinformación y la intoxicación son armas potentísimas que han difuminado de manera muy clara nuestro campo de batalla", y nos cuenta el medio que acogió esta segunda intervención (El Economista) que se está reforzando al ejército para hacer frente a "la guerra de la desinformación" con el desarrollo de nuevas capacidades, tecnologías, plataformas y preparación para "luchar con ello". ¿Luchar con ello?
"Es fundamental una información veraz para la continuidad de la democracia", aseguró De Cospedal.
La industria de Defensa presente en ese foro se sube al carro de la ministra, por la información -“Es muy barato y desestabiliza muchísimo", sentenció un directivo de Indra- o porque anuncia también un nuevo ciclo inversor en el Ministerio, también sin concreción. Los mejor informados y más cercanos al asunto nada apuntan de armamento para esta nueva guerra de la información y mencionan buques y vehículos convencionales, los de cualquier guerra fría ya conocida, normalmente la última o la penúltima, fragatas antisubmarinos y cazas.
Qué se querrá decir con que el Ejército (¿Tierra, Aire, Fuerzas Armadas?) ya se está preparando. No parece que se refiera a la veintena de publicaciones periódicas y corporativas que financia el Ministerio o al menos los cinco gabinetes de prensa (Ministerio, cada uno de los tres ejércitos y el JEMAD), todos difundiendo mensajes los siete días de la semana dirigidos hacia los convencidos, quizá sea ésa la estrategia, dirigir la potencia comunicadora del Ministerio de Defensa también hacia el exterior y los no uniformados-militantes.
Difícil pensar en luchar contra la desinformación si no es con información, por lo que la consecuencia lógica tendrá que ser a corto plazo la oferta pública de miles de empleos en el campo de la comunicación y el periodismo.
Una alternativa o acción complementaria sería también que el Ministerio de Defensa entrara de lleno en la manipulación emocional automatizada, enjambres de bots, perfiles falsos y basura por el estilo.
Para ser honesto hay que reconocer que el asunto de la posible reacción a las noticias falsas sobrepasa a De Cospedal, quien únicamente se ha sumado con entusiasmo a una campaña más general, ella es sólo una soldado del amor en la lucha contra la desinformación.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, demostrando una agilidad que le resta consistencia, hace referencia a que "la manipulación de la información por parte de agentes externos ejerce de factor de influencia en la era de la posverdad, con efectos negativos en la cohesión social y la estabilidad política". Como prueba de haber sido incluida a penúltima hora, la desinformación no aparece en las líneas de acción de la estrategia, o no se sabe aún que hacer contra ella.
Coincidamos en que el asunto interesa a todo el Gobierno y que además la Comisión Europea acaba de aprobar un presupuesto adicional de 800.000 euros para esta lucha, lo que permitirá la contratación de compañeros de profesión  si no lo gastan exclusivamente en tecnología.
Cabe una interpretación diferente a todo lo anterior, a la propuesta de la ministra, a las declaraciones amenazantes que proliferan, una alternativa cuya simple posibilidad aconseja mantener la alerta: que se quiera imponer una disciplina militar a los medios de comunicación, a los periodistas o a la propia información; que la presencia abundante de información averiada o inventada provoque la imposición de un pensamiento único por parte de quienes tienen la sensación de estar perdiendo el monopolio de la difusión de mensajes.
Ya abierto el libro de citas, encuentro: "En ningún momento es la libertad de expresión más preciada que cuando uno se golpea el pulgar con un martillo", dijo un periodista norteamericano llamado Marshall Lumsden.
Cuidado con los martillos.

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