miércoles, 14 de febrero de 2018

Más móviles que humanos

Las ideologías son un atajo, o una muleta, que nos ayudan a interpretar la realidad política en menos tiempo de lo que llevaría el análisis detenido de los acontecimientos.
Nos apoyamos en cierto tipo de instrumentos para acortar tiempos o alcanzar metas inasumibles en solitario; es lo que hacemos al preguntar a un vecino por el coche que conduce o a los compañeros de trabajo su opinión sobre la final de Operación Triunfo.
Es un atajo un debate entre candidatos, ahorra leerse el programa electoral.
Otro ejemplo: mejor que estudiar cada uno de nosotros la evolución de la sociedad de la información en España pues es acudir al informe que todos los años elabora la Fundación Telefónica -SDIE17-.
"España, preparada para la Cuarta Revolución Industrial: cuando la tecnología empieza a comprender al usuario", titulan la nota de prensa de la última edición presentada este mes de febrero.
Únicamente hay que aplicar un factor de corrección comercial que no es seguro pero sí posible que influya entre los objetivos de la publicación.
Con alguna precaución en este sentido hay que recibir la información sobre la extensión y las bondades de la fibra óptica y la banda ancha móvil, que las tendrán e interesan mucho a la compañía, o el futuro que se insiste nos espera con la nevera parloteando digitalmente a nuestras espaldas con el supermercado (internet de las cosas). En este porvenir por venir aparecen también los torneos de videojuegos multijugadores o el automóvil sin conductor.
Una de las primeras conclusiones del informe es que el número de teléfonos móviles en el planeta ha superado al de habitantes. Se deduce que en muchos lugares del globo y también de la península se ha conocido antes y mejor la comunicación móvil que la fija en cable de cobre.
España se sitúa desde hace años en puesto de cabeza en cuanto a usuarios de teléfonos inteligentes, que son más listos que el frigorífico aunque el apellido se refiere a que el dueño navega con ellos por internet. Los smartphones acaban de cumplir diez años, con lo que hace una década no existían, lo que da cierto vértigo.
Segunda conclusión: la vía de acceso al universo digital crece a través del teléfono móvil por encima de otros dispositivos, lo que tiene sus matices.
Las últimas transformaciones han supuesto, nos dicen, que en 2018 el 50% de los jóvenes españoles sean "mobile first" (recuerda al America first de Trump), es decir, que consumen la mayor parte de su tiempo en red sobre una pantalla móvil.
Con todo, el familiar PC ha pasado en pocos años de Partido Comunista a ordenador de mesa y, por mucho que se insista en su desaparición sigue siendo la principal herramienta electrónica en asuntos profesionales, compras, formación, operaciones bancarias, ver TV por internet o para quien quiere escribir algo de más de cinco líneas.
La Fundación Telefónica continúa con su costumbre de tratar bien a las administraciones públicas, muy recomendable en sectores regulados, también lo practica la industria de defensa, por lo mismo sorprende el aparente enfrentamiento del sector energético con sus reguladores.
Al igual que nadie distingue hoy ya entre prensa digital y papel, el estudio revela que se han roto no pocas fronteras del pasado reciente, han saltado techos como la resistencia hoy desaparecida hacia el comercio electrónico; la preocupación por la seguridad o la privacidad -interesan pero no lastran- y las generaciones mayores van entrando en el uso tecnológico mientras que el paso de los años va suavizando las diferencias según la edad de los usuarios.
Aparecen avances en la oferta y uso de servicios públicos digitales; las radiografías, los historiales clínicos, navegan por las redes ya con naturalidad, jubilando el formato gigante en película fotográfica con sobre marrón donde nuestro esqueleto sonríe hoy ya perdido en el fondo de algunos armarios.
Destaca también lo referido a formación y educación, es cada vez más habitual la utilización de recursos digitales y tecnología en la formación reglada -a distancia y presencial-, por parte de docentes, centros educativos y estudiantes -mucho vídeo formativo- y en el mismo contexto se reclama un impulso de adaptación urgente del sistema educativo y de capacitación de los alumnos, pues muchos de los empleos futuros requerirán habilidades tecnológicas, de diseño o explotación.
Telefónica en su informe "apunta a la tecnología como el medio que abre las puertas a la 'sociedad cognitiva', una sociedad en la que experiencia y evaluación del usuario genera un conocimiento que permite, a su vez, información y servicios a medida", lo que leído tres veces significa que usamos tecnología que acaba por reconocernos y todos nos beneficiamos.
La Fundación Telefónica denominaba a este trabajo 'Informe sobre la Sociedad de la Información en España', que en su última edición ha pasado a 'Sociedad Digital', la información ya se quedaba corta, y se insiste mucho en esta edición en el adjetivo "cognitivo", que ya es procesado de información y apunta al conocimiento.
"España se prepara ya para dar el salto de la Sociedad Digital a la Sociedad Cognitiva", dice el informe con generosidad de mayúsculas, sin explicar mucho el punto de destino más allá del tamaño que imaginamos del salto y que parece positivo. Se está configurando "el mayor cambio de época de la historia de la humanidad", leemos, lo que está proporcionando "oportunidades espectaculares a nuestro país que debemos aprovechar". Afirman que "ya no hay barreras entre la vida digital y la vida real".
En este sentido el informe utiliza un tono un punto exagerado que en ocasiones se convierte casi en religioso, de conquista del Oeste, profetas e iluminados por la tecnología, que bien entendido responde al entusiasmo de la Fundación Telefónica por estos temas y su futuro.
Quizá haya perdido algo de poesía, en anteriores ediciones el informe nos descubría el tiempo encontrado, para referirse a la gestión de nuestra vida digital haciendo uso también de micro-momentos que antes se desaprovechaban (esperando el bus o el dentista). El hombre aumentado aparecía en 2017, en referencia a la instalación de dispositivos electrónicos bajo la piel.
Este último informe se refiere al blockchain, asunto ya más técnico, para iniciados, algo así como una base de datos distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación, encriptadas, tecnología que se asocia al bitcoin y permite transacciones seguras sin intermediarios; que Telefónica quiere desarrollar en España.
Han despedido en el último año a los redactores periodistas, el filólogo del grupo ha sido prejubilado o, lo que sería peor, todos siguen pero han aprendido tecnología y se ha oscurecido el producto.
Volviendo a los intereses comerciales, que no anulan otros, la Fundación Telefónica señala el crecimiento del consumo de televisión a la carta, desde diferentes dispositivos, la mezcla en paquetes comerciales de telefonía y TV, y se detiene algo menos en el fenómeno de operadoras de telefonía como Movistar+, ellos mismos, produciendo contenidos, series como La zona o La peste, con argumentos secos y directos como su título.
El propietario de la tubería quiere cada vez más crear los contenidos que circulan por ella, y por ahí viajan datos (principal fuente de ingresos de estas empresas, no la voz) y también ficción televisiva.
Aunque de distinta naturaleza, los sueños del ciudadano y de Telefónica comparten redes digitales, podríamos decir.

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martes, 6 de febrero de 2018

La actualidad ordenada

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
Con el periódico de referencia se establece una conexión que va cambiando a lo largo del tiempo. Pasa algo parecido en la relación que tenemos con todas las instituciones, las que lo son e incluso las que se atribuyen el nombre.
Comienza con una sensación de texto sagrado, de admiración hacia una biblia que te envuelve y anima a memorizar artículos como azoras del Corán.
Con los años uno acaba compitiendo con los contenidos y cabreándose con los editoriales, se contrasta la opinión propia y la escrita.
En una tercera fase la situación se relaja, se disfruta con parte y se ignora el cartoncillo que aparece por los bordes hasta en los periódicos más sólidos. Todos tenemos una parte sublime y otra miserable, oscilamos entre la pedantería y la vulgaridad; un amigo decía que estaba entre Sartre y Fofito, según el momento del día. Lo importante es la media.
Algunos periódicos no consiguen salir del bucle de la aventura de los payasos, ni en las fugaces apariciones del señor Chinarro, que era el payaso serio.
En cualquier etapa el periódico impreso, maquetado, en papel o PDF, ofrece la actualidad jerarquizada, con mejor o peor criterio se destaca algo como importante y otras cosas como secundarias, y como en toda selección se descartan contenidos; además se ofrece una visión global de la realidad informativa, un vistazo al periódico completo siempre te descubre algo inesperado, aunque no te interese inicialmente, de deportes, economía, fallecidos ilustres o desconocidos.
Las crónicas de Joaquín Vidal padre en toros o Segurola en fútbol (ahora en AS y La Vanguardia) trascendían a la afición respectiva, puede que gustaran incluso más a los antitaurinos y anti Liga de Fútbol Profesional.
Esto último -el orden- se está viendo modificado por la prensa digital, generalmente una acumulación desmesurada de contenidos difícil de navegar entre ellos, con la actualidad fragmentada y donde se acude preferentemente a los asuntos en los que uno está deformado, a costa de una visión global de lo que ocurre.
Lo que se une a la imposición de lo visual y el espectáculo, la obsesión por el número de visitas, que no siempre se llevan bien con el rigor informativo.
El día que dejé de leer El País es el título de un poemario de Jorge Riechmann publicado hace ya dos décadas, que poco tiene que ver con la gestión financiera de Juan Luis Cebrián en el grupo Prisa -está por descubrirse la competencia de periodistas metidos a gestores empresariales y de ajenos a la profesión dirigiendo medios-, sino más bien con la "poesía de la conciencia crítica", que dice la solapa del libro.
Éste es el asunto, la conciencia personal criticando lo que ocurre y lo que se lee.
Yo sigo leyendo El País, desde la conciencia crítica. Y varios otros.
De aquel libro entresaco lo siguiente:
El poder se permite el lujo de la tolerancia
mientras digitaliza los datos por si acaso.
Cambia el mundo todos los días y cambia también algo menos rápido nuestra manera de verlo, con la esperanza de que en el encuentro salga algo de interés.
La vejez sería la renuncia del cerebro a enganchar con la realidad, a encontrarle explicación.

martes, 30 de enero de 2018

Duplicar el gasto en Defensa

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
Tres criterios universales para analizar un asunto complicado: tomar perspectiva, distancia; compararlo con casos similares; y el tercero es aplicar el mismo sistema en el análisis que normalmente utilizamos con otros de la familia.
Ahora empleemos la plantilla al aparente compromiso de duplicar el gasto en defensa en España, aparente compromiso porque se dice que es una imposición de la OTAN -de la que formamos parte y donde se aprueban las cosas por unanimidad; algo parecido a destinar un 2% del PIB se acordó en una cumbre de 2014, porcentaje que nadie cumple excepto Reino Unido y la Grecia de las cuentas quebradas- y aparente porque aparentemente el Gobierno Rajoy ha asumido el objetivo.
Perspectiva: tomemos en esta ocasión distancia temporal. Dice la ministra del ramo que el objetivo es duplicar el presupuesto en siete años (estaremos entonces en 2025), pero será menor el crecimiento en los primeros años y más acelerado en el arranque de la próxima década, con lo que aplaza el cumplimiento a la legislatura 2020-24, hoy se vende el compromiso (caso similar a lo que parece estarse fraguando con la equiparación salarial de las fuerzas policiales con el que más gane) y el que venga que aplique.
El horizonte temporal es aún más amplio que el sugerido por De Cospedal. Resulta que los grandes programas de armamento con el sistema seguido en los últimos años se comienzan financiando a coste cero para las empresas con ayudas de I+D que concede el Ministerio de Industria y se cargan con fuerza en el Ministerio de Defensa cuando éste recibe el grueso del material pasadas dos décadas, por tanto las decisiones que hoy se tomaran de adquisición serán un problema financiero serio para Defensa en 2038.
Comparación: se cuenta con la experiencia acumulada en los grandes programas que hoy asfixian los presupuestos del Ministerio de Defensa, cuya decisión político-industrial se tomó... pues allá por las dos legislaturas de José María Aznar como presidente del Gobierno, entre 1996 y 2004. Tanto interés hubo en poner en marcha aquellos programas que incluso el consejo de ministros tomó no pocas decisiones y se firmaron contratos con el Gobierno en funciones, entre las elecciones y la toma de posesión de Zapatero.
La comparación de ciclos inversores nos aclara que al larguísimo plazo de financiación de los programas de armamento se añade el larguísimo plazo de desarrollo de esos materiales, con lo que fácilmente puede pasar entre ambos medio siglo, de donde se deduce que tenemos unos ejércitos equipados con criterios anteriores a la caída del muro de Berlín.
La comparación con otros países nos lleva a un método homogéneo de medir el gasto militar, que puede ser el de la OTAN o el del sueco SIPRI, y en ambos casos calculan el gasto de todo el Estado, aquí de nada sirve distribuir o camuflar el presupuesto entre varios ministerios. Y otra consideración de importancia es que se habla de porcentaje del PIB, por lo que en una década si la economía crece a un 2% anual sumará un 20% añadido a lo que se anuncia que va a crecer el presupuesto de Defensa, que debería ser entonces del 120%.
A todo esto es importante añadir la dimensión militar, de defensa y seguridad de la Unión Europea, que parece avanzar por el impulso político de los últimos meses, y según se dice lideramos en compañía de otros. Si se amplía una política común o coordinada en asuntos militares tendrá una repercusión en el presupuesto, quizá hasta un ahorro, dependiendo de lo que cada uno haga y lo que decidan los aliados comunitarios a 27 ó 28.
Perspectiva temporal y comparación europea, requieren los dineros de la defensa.
Mismo sistema de análisis: si cualquier ministerio o área de la Administración pública pide que se duplique su presupuesto la pregunta que surge en automático es para qué. Las cuentas de Defensa o la desinformación de Putin no pueden tener un apartado propio para juzgarlos, habrá que aplicar la lógica racional que utilizamos en todos los casos de recursos públicos y en la comunicación impulsada por jefes de Estado (o de Gobierno).
El presupuesto del Estado español en asuntos militares y de seguridad principalmente exterior dependerá de las necesidades que se tengan, hoy y en 2038, a su vez una consecuencia directa de las amenazas que se quieran cubrir o enfrentar. La reciente Estrategia de Seguridad Nacional no aclara el asunto. Habrá que estar atento a las explicaciones que ofrezcan luz sobre si la ciberdefensa es más costosa que las fragatas antisubmarinos nucleares de la URSS, por ejemplo. Si nos logran convencer de que la desinformación es una amenaza militar, con el coste de un caza de combate se podrían contratar 150 periodistas barra profesionales de la comunicación durante 25 años.
Nada de lo anterior se dirige contra la decisión de duplicar el gasto en Defensa, es imposible juzgarlo, se critica aquí el procedimiento. Si no hay explicaciones será porque no se tienen argumentos o no se desea compartirlos, y entonces la lógica general dice que las decisiones serán fruto de la inercia de lo que ya se ha hecho en el pasado, de la fuerza de los intereses industriales y del corporativismo dentro de cada uno de los tres ejércitos y de las Fuerzas Armadas que los agrupa, en proporción distinta entre los tres factores que para calibrar con decimales y porcentajes requeriría darle otra pensada.

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martes, 23 de enero de 2018

Seguros y asustados

Columna de opinión publicada también en Estrella Digital.
Una bomba informativa puede llegarnos por Twitter y hacer estallar nuestras neuronas, nos dicen; un virus noticioso por Facebook es capaz de secuestrar nuestra voluntad y convertirnos en independentistas o prorrusos... (o partidarios de Trump).
Estamos amenazados hasta por el móvil en el bolsillo, aparato ya convertido en una puerta abierta a la duda, que es el territorio más inestable.
La realidad también presenta otras caras, y pongamos tres ejemplos.
Por una parte, en relación con la seguridad ciudadana, el riesgo de morir asesinado en España es tremendamente inferior a lo que ocurre en la mayor parte de Europa, en EEUU, en la media mundial y en El Salvador, que encabeza el ránking y es país de origen de los salvadoreños que Trump quiere expulsar tras pasar la mayor parte de su vida al norte del río Grande (o Bravo).
En España mueren por esta causa unas 300 personas al año (0,7 cada 100.000 habitantes, EEUU 4,9, media planetaria 5,3, Venezuela 57, El Salvador 108). Lo sensacional es que los asesinatos en España se han reducido un 30% en las últimas tres décadas.
Evolución también positiva han tenido los robos con violencia, casi la mitad que hace una década.
Un segundo ejemplo pudiera ser la seguridad vial: la cifra de muertos en accidente de tráfico fue de 1.200 en 2017, mil doscientas tragedias a las que hay que sumar los heridos y las familias de todos. Con perspectiva se descubre que hace 25 años, cuando el parque de vehículos era la mitad del actual, el número de fallecidos se acercó a 6.000.
Un tercer ejemplo pudiera ser el terrorismo, a pesar de los aún cercanos atentados en Cataluña en agosto de 2017 con 13 víctimas mortales. Con perspectiva de medio y largo plazo, hay que remontarse a marzo de 2004 para encontrar los anteriores asesinatos atribuidos al terrorismo yihadista en suelo nacional, y ETA acabó exactamente el 20 de octubre de 2011 poniendo fin a medio siglo de violencia autóctona.
Daría para media docena de columnas el hecho de que los españoles no vivimos un conflicto bélico desde hace 79 años y un ejercicio interesante sería rastrear en la historia patria desde cuándo no ocurre eso.
Se pueden identificar también argumentos en contra: la seguridad laboral, que también es seguridad; los delitos de odio; el cambio de tendencia en accidentes de tráfico, el aumento de suicidios (cerca de 4.000 al año, diez diarios, esto sí que crece) y el siempre elevado número de asesinatos machistas (48 en 2017), estabilizados en los últimos años a pesar de la mayor conciencia social y de recursos públicos; lo que no invalida la tesis.
Con todo de lo anterior se puede deducir que vivimos en una sociedad con violencia a la baja, que a la seguridad tanto exterior como interior destinamos un volumen importante de recursos públicos con resultados positivos.
El rechazo generalizado a los porrazos del 1 de octubre tienen relación con esto, lo de irse a dormir a las 23.05h del Día de la Independencia sigue siendo inexplicable.
El amplio colectivo de profesionales que se dedica a la seguridad, los responsables políticos de la cosa y los estrategas que creen haber encontrado en este sector un instrumento poderoso para ganar votos, tienen dos alternativas.
Una es continuar asustando a la población como vía para convencer de que su trabajo es necesario, que requiere recursos públicos crecientes, reconocimiento social y equiparación salarial con el que más gane del gremio en Europa occidental, EEUU, Canadá, Australia y Nueza Zelanda.
La alternativa es reconocer que vivimos en sociedades históricamente seguras; el dicho de "cualquier tiempo pasado fue peor" se ajusta a estos temas. Hay cambios sociales y crecimiento del PIB que lo explican en parte, pero de la situación alcanzada de reducción de la violencia se pueden adjudicar parte del mérito los que trabajan en ello, y de su necesaria continuidad adaptada a la realidad real, no inventada.
Se sugiere aparcar el miedo y vender su competencia profesional, que no necesariamente han de ir unidos en el discurso. Por probar.

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martes, 16 de enero de 2018

Comisiones de la verdad, versión española

Artículo de opinión publicado también en infoLibre / Blog Al revés y al derecho.
Retirada de la estatua ecuestre de Franco que presidió hasta 2006
la entrada de la Academia General Militar de Zaragoza (EFE).
En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.
Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.
Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.
Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia.
"Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo", define el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ITCJ-, organización internacional especializada en la justicia en periodos de transición.
En síntesis, este tipo de comisiones tienen iniciativa pública, no sustituyen a la justicia penal, ponen el foco en las víctimas y en las violaciones de los derechos humanos, y suelen recopilar un gran volumen de datos, con miles de víctimas, y a menudo durante un periodo de tiempo muy amplio que puede contemplar décadas. Entre sus objetivos figuran afrontar la impunidad y obtener una imagen más o menos clara de sucesos violentos que permanecen en disputa o son negados, proteger y reconocer a las víctimas y supervivientes, proponer políticas y promover cambios también sociales.
Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, y recogido entre sus compromisos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue creada en Colombia por un decreto presidencial en abril de 2017, un mecanismo entre otros -como la búsqueda de desaparecidos-, contempla un periodo de seis meses para entrar en funcionamiento y tres años de mandato que culminarán con la elaboración de un informe final.
"Satisfacer de manera oportuna los derechos de las víctimas", insiste el decreto de creación, además de "garantizar el derecho a la verdad como un pilar fundamental para la consolidación de la paz".
Entre los objetivos se mencionan "contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido", "el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país" y "promover la convivencia en los territorios y la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia".
"La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado".
En noviembre de 2017 el Comité de Escogencia ha seleccionado a los 11 integrantes de la Comisión, que incluye religiosos -la preside un sacerdote jesuita-, periodistas, sociólogos y militares entre sus perfiles.
Estas comisiones dan voz y protagonismo a las víctimas de la represión y audiencia que en algunos casos se produce en la televisión pública en horario de máximo impacto, como está ocurriendo actualmente en Túnez.
El Gobierno tunecino creó la llamada Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), en diciembre de 2014, con las funciones de identificar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos durante los régimenes de Habib Burguiba (1957-1987) y Zine el Abidine ben Alí (1987-2011).
La comisión cuenta con activistas pro derechos humanos, opositores a Ben Alí, jueces, abogados, y representantes de colectivos de víctimas de la represión.
También se trata de un mecanismo entre otros, como la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción; y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos hacia el final de la dictadura.
Creada en 2013, la Instancia tunecina ha recopilado más de 62.000 denuncias presentados por víctimas de todo tipo de abusos, y realizado más de 48.000 audiencias.
Cartel de la película de Álex de la Iglesia "Balada triste
de trompeta" (2010), comedia negra que se desarrolla
en parte en el mausoleo del Valle de los Caídos.
Unos años anterior a las dos mencionadas es la comisión de la verdad creada en Marruecos en los primeros años de reinado de Mohamed VI para investigar nada menos que los denominados "años de plomo" del reinado de su padre Hasán II, llamada Instancia Equidad y Reconciliación. Fue instaurada en enero de 2004 y entregó un informe final al rey en diciembre de 2005 con el balance de unos trabajos desarrollados con el objetivo de arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos entre 1956 y 1999, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y proponer reformas.
Como resultados más directos, la comisión marroquí consiguió determinar las circunstancias de la muerte de alrededor de 800 víctimas (desaparecidos forzosos), se abrieron 17.000 investigaciones individuales y se indemnizó a más de 10.000 víctimas.
Una peculiaridad de la comisión marroquí fue que contempló la reparación comunitaria, la represión de ciertas regiones y comunidades (por ejemplo el Rif y grupos de víctimas como las mujeres), para lo que recomendó programas de desarrollo socioeconómico y cultural.
Las organizaciones de derechos humanos de Marruecos se preocupan desde entonces en seguir el cumplimiento de aquel informe final de una comisión que cuenta con una web algo congelada en cuatro idiomas, entre ellos el español.
Tres casos diferentes los de Colombia, Túnez y Marruecos: el final de una guerra civil, la caída de un dictador, la reinvención de una monarquía autoritaria.
"Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo", nos dice el ITCJ.
La reconciliación no es una consecuencia directa de este tipo de comisiones de la verdad, aunque ayudan a crear un nuevo clima político y a recuperar la dignidad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.
En España no se celebró en el paso de la dictadura a la democracia iniciativa comparable a las tres comisiones de la verdad reseñadas.
La equidistancia, hoy convertida en un insulto en el marco de la crisis independentista en Cataluña, fue una marca de fábrica de la transición política española, en lo referido al franquismo y sus delitos, o al abandono de sus víctimas aún mal enterradas por millares en cunetas y barrancos.
Lo más parecido vivido en España a una comisión de la verdad, por su contenido y objetivos, es la llamada ley de la memoria histórica que acaba de cumplir diez años desde su entrada en vigor tras la publicación en el BOE de 27 de diciembre de 2007, con el largo nombre de Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; la ley recibió el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU-ICV, CiU y PNV) salvo PP y ERC; los partidos ya emergidos entonces no existían.
Además de contribuir a generar un debate público, son indudables los logros de una ley en cuyo articulado se incluye el fomento de la memoria democrática, proclama el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia por motivos políticos o ideológicos durante la guerra civil y la dictadura posterior; se declara la ilegitimidad de sus tribunales, sanciones y condenas; se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas (orfandad, años de cárcel); se concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados y los miembros de las Brigadas Internacionales; la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados...
Capítulo especial y polémico mereció la retirada de más de medio millar de símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura (más de 400 de instalaciones militares o dependientes del Ministerio de Defensa).
Entre las críticas hay que mencionar la moderación de la ley en cuestión de fosas comunes (anima  a las administraciones públicas a que faciliten a los interesados su localización, y se hizo un mapa) y una serie de recomendaciones en relación con el mausoleo del Valle de los Caídos sin resultado una década después.
Monumento con las huellas del dictador Franco
retirado en 2010 del Monte Hacho en Ceuta.
Todas estas iniciativas fueron recogidas en una página web, de la que han desaparecido los enlaces desde los organismos públicos aunque sigue viva en el ciberespacio, también congelada, porque el actual gobierno del Partido Popular se ha dedicado a congelar su aplicación y hasta el presidente Rajoy ha llegado a presumir de no destinar un euro a su cumplimiento, caso sólo similar a la Ley de Dependencia y nunca equiparable a la pedagogía pública necesaria con la Ley General Tributaria, por poner un ejemplo.
La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue un ejercicio positivo con un exceso de prudencia que como ocurre a menudo no es reconocido ni por los propios porque se queda corta ni por los extraños a quienes cualquier paso les parece excesivo. Lo peculiar de este asunto es la distinción entre propios y extraños en la defensa de la democracia.
Los últimos coletazos parlamentarios sobre esta Ley han sido la aprobación en el Congreso, con ánimo reformista, de una proposición no de ley promovida en septiembre por el Grupo Socialista y de una proposición de ley el pasado noviembre impulsada por el PDCat.
Se habla últimamente con frecuencia de brechas generacionales, que haberlas haylas, aunque en este y otros casos (violencia machista) se puede interpretar también que las sociedades evolucionan y hacen inadmisible lo que se aceptaba hasta ese momento.
En el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 aún existen iniciativas que pretenden impulsar una comisión de la verdad en España sobre los crímenes del franquismo (aquí, enlace la Plataforma que agrupa a muchas de ellas, y aquí un post publicado al respecto). Independientemente de su recorrido, sería positivo en cualquier caso en el corto plazo la aplicación completa de la Ley de memoria histórica, reformada o no; y podría ser aconsejable que el Gobierno español se implicara con su apoyo material y político en procesos de transición como los mencionados, aprovechando el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.
En su mensaje navideño el rey Felipe VI animaba a recuperar el protagonismo internacional de España, de donde se deduce que lo tuvo y se ha perdido.
Como ocurre cuando se estudia una lengua extranjera, que te ayuda a conocer mejor la propia, la implicación española en procesos de carpetazo a la violencia en Colombia, Túnez, Marruecos u otros lugares apoyaría a los ciudadanos de esos países y al tiempo aumentaría la sensibilización de nuestros responsables políticos hacia las víctimas nacionales de un pasado que se resiste a abandonarnos.

Sugerencias

Marruecos
Túnez
Colombia
España
Comisiones de la verdad